Introducción
Tanto las personas naturales como las empresas deben interactuar con el Estado en diversos momentos: licitaciones públicas, permisos, regulaciones, fiscalizaciones, entre otros. Sin embargo, estos procesos suelen estar rodeados de formalismos legales que, si se descuidan, pueden derivar en sanciones, nulidades o pérdidas económicas. En esta guía analizamos los errores más comunes al tratar con entidades públicas y cómo evitarlos mediante asesoría legal especializada.
- No conocer el marco legal aplicable
Uno de los errores más frecuentes es actuar sin comprender la normativa vigente. Cada relación con el Estado —ya sea administrativa, contractual o fiscalizadora— se rige por leyes específicas como:
La Ley Orgánica de la Contratación Pública (LOSNCP)
La Ley Orgánica de la Función Pública
La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales
Normas técnicas del SERCOP, entre otras
Solución: Contar con un abogado que analice el contexto legal previo a cualquier trámite o actuación.
- Presentar documentación incompleta o incorrecta
Errores en formularios, certificados vencidos, o documentos mal firmados pueden generar:
Rechazo del trámite
Sanciones económicas
Inhabilitación temporal para contratar con el Estado
Solución: Verificar con antelación los requisitos y contar con acompañamiento legal en la recopilación y revisión de documentos.
- No responder requerimientos en los plazos legales
Las instituciones públicas suelen emitir notificaciones o requerimientos con plazos perentorios. Ignorar estas comunicaciones o responder fuera de tiempo puede tener consecuencias graves.
Solución: Establecer un canal de seguimiento legal activo para responder a tiempo y con argumentos sólidos.
- No ejercer los recursos legales disponibles
Muchas personas desconocen que pueden apelar, impugnar o solicitar revisión de decisiones administrativas desfavorables. La falta de acción oportuna puede convalidar actos ilegales.
Solución: Evaluar con un abogado si es viable interponer recursos como apelaciones, demandas contencioso-administrativas o acciones constitucionales.
- Desconocer los riesgos de informalidad
La informalidad o negligencia jurídica frente al Estado puede derivar en:
Responsabilidad administrativa o penal
Daño reputacional
Imposibilidad de participar en procesos públicos
Solución: Formalizar toda relación con el Estado bajo estricta supervisión legal, incluso en contratos menores o convenios simples.
- Confiar en recomendaciones no profesionales
Seguir consejos de terceros sin formación jurídica puede agravar los problemas. Cada caso es único y requiere análisis profesional.
Solución: Buscar asesoría legal de abogados con experiencia en derecho público o administrativo.
Conclusión
Tratar con el Estado en Ecuador exige precisión, legalidad y estrategia. Evitar errores comunes no solo protege tus intereses, sino que también garantiza relaciones institucionales sanas y efectivas. En Abogados Expertos, te ofrecemos el acompañamiento legal que necesitas para enfrentar cualquier proceso administrativo con seguridad.
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