¿Puedo impugnar los resultados de una contratación pública?
Impugnar los resultados de una contratación pública en Ecuador es un derecho que permite a los participantes cuestionar decisiones que consideren injustas o contrarias a la normativa vigente. A continuación, se detallan los pasos y consideraciones clave para llevar a cabo este proceso de manera efectiva.
1. Identificar las causales de impugnación
No todas las inconformidades son susceptibles de impugnación. Es fundamental determinar si existen fundamentos legales sólidos para presentar un recurso. Las principales causales incluyen:
- Errores en la evaluación de ofertas: Desviaciones o inconsistencias en la aplicación de los criterios de evaluación establecidos en los pliegos.
- Inconsistencias en la adjudicación: Cuando la adjudicación no se alinea con los resultados de la evaluación o se aparta de lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP).
- Falta de transparencia o favoritismo: Indicios de parcialidad, conflictos de interés o violaciones a los principios de igualdad y transparencia que rigen la contratación pública.
2. Presentar un reclamo administrativo ante la entidad contratante
El primer paso formal es interponer un reclamo administrativo directamente ante la entidad que llevó a cabo el proceso de contratación. Para ello:
- Plazo: Dispone de hasta tres días hábiles desde la notificación o publicación del acto que se impugna para presentar el reclamo.
- Contenido del reclamo: Debe incluir la identificación del proceso y de la entidad contratante, una descripción detallada de las razones de la impugnación y las pruebas que respalden su posición.
- Forma de presentación: Aunque tradicionalmente se realiza de manera física, algunas entidades pueden ofrecer mecanismos electrónicos para su presentación. Es recomendable verificar el procedimiento específico de la entidad contratante.
3. Interponer un recurso de apelación ante la entidad contratante
Si el reclamo administrativo no es atendido favorablemente o no recibe respuesta en el plazo establecido, puede presentar un recurso de apelación:
- Plazo: Tiene tres días hábiles desde la notificación de la respuesta al reclamo o desde el vencimiento del plazo para responder.
- Resolución: La entidad contratante debe resolver el recurso en un término máximo de siete días hábiles. Si no lo hace, el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) puede intervenir y suspender el procedimiento hasta que se emita una resolución.
4. Acudir al Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)
Si las respuestas de la entidad contratante no son satisfactorias o se evidencia una inacción, puede elevar el caso al SERCOP:
- Procedimiento: Presentar una reclamación formal a través del Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE). Para ello, debe acceder con su usuario y contraseña, seleccionar la opción «Reclamo» y completar el formulario en línea adjuntando la documentación de respaldo.
- Actuación del SERCOP: Esta entidad evaluará el caso y podrá emitir recomendaciones de obligatorio cumplimiento para la entidad contratante o, en casos graves, suspender el procedimiento de contratación.
5. Presentar una demanda contencioso-administrativa
Si las vías administrativas no ofrecen una solución adecuada, tiene la opción de acudir a la justicia:
- Procedencia: Este recurso es pertinente cuando se han agotado las instancias administrativas y persisten las inconformidades con las decisiones adoptadas.
- Presentación: Se interpone ante la Corte de lo Contencioso Administrativo, y es altamente recomendable contar con asesoría legal especializada para este proceso.
Conclusión
Impugnar los resultados de una contratación pública en Ecuador es un proceso que demanda un conocimiento detallado de la normativa y procedimientos establecidos. Es esencial actuar dentro de los plazos y formas que la ley dispone, y respaldar cada acción con la documentación pertinente. Contar con asesoría legal especializada puede ser determinante para garantizar la defensa efectiva de sus derechos y asegurar la transparencia y legalidad en los procesos de contratación pública.
